Más de 300 perros vivían en precarias condiciones en Cundinamarca
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra María Constanza García Aguirre, señalada de mantener a más de 300 perros en condiciones inadecuadas dentro de un supuesto hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en Carmen de Carupa. La mujer fue procesada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) por el delito de maltrato animal. Durante la audiencia, la acusada no aceptó los cargos. Según la investigación, el albergue recibía donaciones para el cuidado de animales rescatados. Sin embargo, las autoridades establecieron que el lugar se habría convertido en un espacio de hacinamiento donde los perros permanecían encerrados y expuestos a condiciones que afectaban su bienestar. Inspecciones realizadas por la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca evidenciaron que muchos de los animales presentaban problemas de alimentación, acceso limitado a agua y condiciones deficientes de salud y protección. Las investigaciones continúan mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra María Constanza García Aguirre, señalada de mantener a más de 300 perros en condiciones inadecuadas dentro de un supuesto hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en Carmen de Carupa.
La mujer fue procesada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) por el delito de maltrato animal. Durante la audiencia, la acusada no aceptó los cargos.
Según la investigación, el albergue recibía donaciones para el cuidado de animales rescatados. Sin embargo, las autoridades establecieron que el lugar se habría convertido en un espacio de hacinamiento donde los perros permanecían encerrados y expuestos a condiciones que afectaban su bienestar.
Inspecciones realizadas por la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca evidenciaron que muchos de los animales presentaban problemas de alimentación, acceso limitado a agua y condiciones deficientes de salud y protección.
Las investigaciones continúan mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.